El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, rechazó enérgicamente las amenazas contra la vida de Óscar Tulio Lizcano, padre del precandidato presidencial Mauricio Lizcano, y exhortó a las autoridades a actuar con rapidez para garantizar su seguridad y preservar la tranquilidad en el proceso político.
El pronunciamiento del jefe del Ministerio Público se conoció después de que el propio Mauricio Lizcano denunciara que, en la sede de su campaña en Manizales, fue recibido un mensaje intimidatorio dirigido a su padre, quien en el pasado fue víctima de secuestro.
“Acabamos de recibir en la sede de mi campaña presidencial una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro. Rechazo profundamente este acto cobarde”, escribió Lizcano en su cuenta de X.
El precandidato calificó la amenaza como un atentado contra la tranquilidad de su familia y contra la democracia, e hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten medidas de protección y avancen en el esclarecimiento de los hechos.
“La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a las autoridades competentes que garanticen la seguridad mía y la de mi familia”, agregó Lizcano, al tiempo que pidió a la ciudadanía rechazar toda forma de violencia o intimidación política.
El procurador pide actuar con celeridad
Por su parte, el procurador Eljach condenó el hecho y reiteró su compromiso con la defensa de la democracia y la protección de quienes participan en procesos electorales.
“El país necesita serenidad y garantías. No podemos permitir que la violencia vuelva a tomarse la política”, señaló el jefe del Ministerio Público, quien pidió a las autoridades judiciales y de seguridad investigar a fondo las amenazas y adoptar medidas efectivas de protección para la familia Lizcano.
Antecedente de secuestro y contexto político
Óscar Tulio Lizcano, excongresista del Partido Conservador, fue secuestrado por las FARC en 2000 y permaneció cautivo durante más de ocho años hasta lograr escapar en 2008.
El hecho reaviva la preocupación por el aumento de amenazas a líderes políticos y sociales en el país, en un contexto en el que el Ministerio Público ha insistido en la necesidad de promover una “paz electoral” de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
