Solo se han desembolsado $20 mil millones para la reparación de víctimas y sanciones propias.
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió este jueves sobre la incertidumbre financiera que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para cumplir con las reparaciones a las víctimas y las sanciones propias derivadas de los macrocasos en curso.
De acuerdo con el ente de control, se requieren $500 mil millones para garantizar la financiación de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR), así como para ejecutar las sentencias de la JEP. Sin embargo, el Presupuesto General de la Nación no contempla estos recursos.
“A la fecha, el Ministerio de Hacienda ha reportado el desembolso de tan solo $20 mil millones, lo cual es insuficiente frente a las necesidades de la justicia transicional”, señaló Rodríguez.
Víctimas acreditadas y falta de recursos
La JEP ha acreditado más de 9.200 víctimas individuales y 340 mil personas agrupadas en sujetos colectivos. No obstante, la Contraloría alertó que no existen garantías presupuestales a mediano y largo plazo para financiar los proyectos y sanciones restaurativas.
Otro aspecto crítico es la baja monetización de los bienes de las extintas FARC administrados por la SAE. Auditorías de 2022 y 2024 revelaron deficiencias en la gestión de estos activos, que deberían contribuir a la reparación de las víctimas.
Riesgos para la justicia transicional
El contralor advirtió que la falta de articulación interinstitucional entre el Ejecutivo y la JEP puede derivar en una implementación ineficaz de las sanciones y afectar la seguridad jurídica de los comparecientes.
Asimismo, subrayó que la ausencia de financiación podría generar revictimización, frustración en las comunidades y afectar la legitimidad de la justicia transicional en Colombia.
