El Jurado de Enjuiciamiento de Buenos Aires desestimó los recursos de la magistrada Julieta Makintach y decretó un embargo del 40 % de su salario.
La jueza Julieta Makintach, quien integraba el tribunal a cargo del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, será sometida a juicio político por su accionar en el proceso judicial. La magistrada había sido recusada en mayo pasado tras confirmarse su participación en un documental sobre el caso, lo que desató un fuerte escándalo y derivó en la nulidad del juicio.
Embargo de su sueldo y posible destitución
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires declaró la verosimilitud de los cargos en su contra y rechazó los recursos presentados por su defensa. Además, decretó un embargo del 40 % de su salario, mientras avanza el proceso que podría culminar en su destitución definitiva.
Makintach, integrante del Tribunal Oral Criminal N.º 2 de San Isidro, había sido suspendida por 90 días a finales de mayo y, posteriormente, apartada de manera preventiva e indefinida.
La anulación del juicio por la muerte de Maradona
El juicio por la muerte del astro argentino, ocurrido en noviembre de 2020, comenzó el 11 de marzo de este año, con 21 audiencias y 44 testimonios. Sin embargo, fue anulado el 29 de mayo, dos días después de la recusación de Makintach.
La decisión generó un efecto dominó: la Fiscalía y las defensas alegaron “contaminación horizontal” y pidieron el apartamiento de los otros dos jueces del tribunal, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, quienes aceptaron la solicitud, decretando así la nulidad total del proceso.
Renuncia frenada y nuevo proceso judicial
Makintach presentó su renuncia en una carta dirigida al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, alegando que su decisión respondía al “profundo impacto institucional y social” del caso. Sin embargo, la dimisión no entró en vigor debido a la investigación que abrió paso al juicio político.
Tras la anulación del proceso, la Justicia argentina conformó un nuevo tribunal, que asumió el caso el 18 de julio, con el objetivo de determinar si ocho profesionales de la salud deben ser responsabilizados por homicidio simple en la muerte de Maradona. No obstante, el debate aún no ha comenzado por cuestiones procedimentales y la inconformidad de la defensa de al menos uno de los acusados.
