La Defensoría del Pueblo confirmó que un campesino habría fallecido durante la reciente operación militar en El Retorno, hecho que derivó en la retención de 33 soldados y agudizó la crisis humanitaria en la región.
El departamento de Guaviare sigue siendo epicentro de tensiones entre la Fuerza Pública, las disidencias de las FARC y las comunidades locales. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó este viernes que en el operativo militar del pasado domingo habría muerto un civil, identificado por la comunidad como Ramiro Antonio Correa.
“Según la información que tenemos, sí habría sido un civil, pero eso lo tiene que determinar la justicia”, señaló Marín en entrevista con Mañanas Blu, subrayando que la Fiscalía debe esclarecer las circunstancias del hecho.
Operativo y retención de militares
La operación dejó como saldo la muerte de presuntos integrantes de las disidencias al mando de Iván Mordisco y alias Calarcá. La indignación por el fallecimiento del campesino llevó a que unas 500 personas se movilizaran en El Retorno y retuvieran a 33 uniformados durante más de 105 horas.
La liberación se logró gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales como la Misión de Apoyo de la OEA (MAPP/OEA).
Gobernanza ilegal en El Retorno
Marín advirtió que en este municipio las disidencias ejercen un fuerte control social:
- Carnetización obligatoria.
- Restricciones de movilidad.
- Imposición de horarios.
- Control de bienes de primera necesidad.
“Las disidencias de Mordisco tienen un control hegemónico en la zona. Se trata de una gobernanza ilegal que somete a la población civil”, puntualizó.
¿Retención o secuestro?
El caso abrió debate sobre la calificación jurídica de la retención de militares. Mientras el Gobierno y sectores de la opinión insisten en que se trató de un secuestro, la Defensora pidió un análisis más profundo.
“No estoy diciendo que no haya sido un secuestro. Lo que planteo es que corresponde a la Fiscalía y a los jueces de la República hacer esa calificación penal”, explicó, señalando que la comunidad actúa bajo el dominio armado de grupos ilegales, lo que limita su libertad de decisión.
Protección de civiles y Derecho Internacional Humanitario
Marín recordó que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece que los civiles nunca pueden ser considerados objetivos militares.
“El principio principal del DIH es la protección de la población civil. Por consiguiente, toda operación militar debe evitar daños incidentales a civiles y a bienes de carácter civil”, recalcó, pidiendo una investigación rigurosa sobre la muerte de Correa.
Respuesta integral del Estado
La Defensora advirtió que la acción militar por sí sola es insuficiente para atender la crisis en Guaviare.
“Es insuficiente la sola entrada de las Fuerzas Armadas. La respuesta de fondo debe ser una presencia institucional integral: justicia, servicios sociales, prevención del reclutamiento y fortalecimiento comunitario”, dijo.
De no existir una acción coordinada, las comunidades seguirán expuestas a la presión de los grupos armados y a la falta de protección estatal.
