El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, radicó la ponencia de fallo sobre la reforma pensional, una de las leyes más importantes del Gobierno de Gustavo Petro. El debate se realizará el próximo martes 14 de octubre.
La Corte Constitucional se prepara para discutir la reforma pensional el próximo martes 14 de octubre, tras la radicación de la ponencia de fallo por parte del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente del alto tribunal.
La ley, identificada como Ley 2381 de 2024, fue demandada por la senadora de oposición Paloma Valencia, quien argumenta vicios de trámite durante su aprobación en el Congreso.
El pulso entre la Corte y el Gobierno
Esta decisión marcará uno de los momentos más trascendentales entre la Corte Constitucional y el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pues se trata de una de las iniciativas más emblemáticas de su administración.
Fuentes de Blu Radio confirmaron que la ponencia ya fue radicada y que el debate en la Sala Plena está programado para la próxima semana.
El caso ha estado rodeado de controversias y cuestionamientos hacia el magistrado Ibáñez, debido a las pruebas y documentos adicionales que solicitó durante el estudio de la norma.
Todo comenzó en agosto de 2024, cuando la Corte admitió la demanda presentada por Valencia. En junio de 2025, el alto tribunal determinó que existía un vicio en la aprobación de la ley y ordenó devolverla a la Cámara de Representantes para corregir el procedimiento.
Irregularidades y recusaciones en el proceso
El Gobierno convocó sesiones extraordinarias para subsanar los errores, pero las actas de esas sesiones generaron polémica tras denuncias de irregularidades por parte de varios congresistas.
El despacho del magistrado Ibáñez solicitó en varias ocasiones la entrega de dichas actas e incluso dio un ultimátum a la Cámara para remitir la documentación completa.
En medio del proceso, se presentaron recusaciones e impedimentos. El magistrado Carlos Camargo, recientemente posesionado, intentó declararse impedido para participar en el debate por un posible conflicto de interés, pero la Sala Plena declaró infundado el impedimento el pasado 1 de octubre.
Por su parte, el magistrado Héctor Carvajal, ternado por el presidente Petro, enfrenta dos recusaciones aún pendientes de resolución.
La primera fue interpuesta por el concejal Daniel Briceño, quien alega que Carvajal firmó contratos con Colpensiones, entidad directamente involucrada en la implementación de la reforma.
La segunda, presentada por Paloma Valencia, plantea los mismos argumentos y busca apartarlo del estudio del caso.
Paloma Valencia solicita nuevas pruebas
La senadora Valencia también pidió al magistrado Ibáñez requerir a Colpensiones los conceptos jurídicos que Carvajal habría emitido sobre la constitucionalidad de la reforma mientras tenía contrato con esa entidad.
Según la congresista, esos documentos son “fundamentales para sustentar la petición de recusación” y permitir que la Corte cuente con todo el soporte probatorio necesario antes de tomar una decisión.
La reforma pensional será, sin duda, una de las discusiones más relevantes del año en la Corte Constitucional, pues definirá el futuro del sistema de pensiones en Colombia y el alcance de las reformas sociales del Gobierno Petro.
