
La reciente decisión de la Corte Constitucional de avalar la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé, ha generado un fuerte debate en la región Caribe, donde gremios taurinos, galleros y organizadores de corralejas advierten graves consecuencias económicas, culturales y sociales.
La norma, que empezará a regir plenamente en tres años, prohíbe corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas, tientas, corralejas, peleas de gallos y el coleo, prácticas que hasta ahora eran consideradas expresiones de tradición en varias zonas del país.
Rechazo en el Caribe
Representantes de asociaciones taurinas y galleras aseguran que la medida golpeará de manera directa a miles de familias que dependen de estas actividades.
Hugo García, presidente de la Federación Nacional de la Gallística Colombiana (Fenagacol), afirmó que “cerca de 290 mil familias del país que viven de esta actividad se van a ver afectadas”. Según explicó, detrás de las peleas de gallos existe una cadena económica que involucra campesinos, cuidadores, transportadores y agricultores:
“Nosotros proyectamos todos los años la compra de 103 mil toneladas de maíz para alimentar a los gallos de pelea, y ese insumo lo compramos a los agricultores. ¿A quién le va a vender el campesino todo eso en unos años?”, cuestionó.
En el mismo sentido, Carmelo Contreras, representante de las juntas taurinas y organizador de corralejas en Sabanalarga (Atlántico), advirtió que la decisión impactará la economía de al menos 230 localidades de la Costa Norte:
“Se está prohibiendo el sustento económico de varias familias. Las corralejas en el Atlántico están reglamentadas, con medidas de seguridad y logística para garantizar la experiencia de los visitantes. Es incomprensible esta decisión”, señaló.
La decisión de la Corte
La Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que la Ley está en armonía con los principios de protección y bienestar animal, y decidió eliminar las excepciones que inicialmente permitían continuar con corralejas, coleo y peleas de gallos.
El alto tribunal estableció un periodo de transición de tres años, con el fin de implementar procesos de reconversión laboral y cultural para quienes dependen de estas prácticas. Entre las medidas contempladas está la realización de un censo de las comunidades afectadas y la transformación de plazas de toros en escenarios culturales, deportivos y artísticos.
Propuesta de nuevas restricciones
La senadora Andrea Padilla, del partido Alianza Verde, celebró el fallo y anunció que retirará el proyecto de ley sobre corralejas que se tramitaba en el Congreso, ya que su prohibición queda en firme a partir de 2027.
Asimismo, adelantó que impulsará nuevas iniciativas para regular y prohibir las cabalgatas:
“Persistiremos en la lucha contra las cabalgatas. Ya tenemos un proyecto de ley en trámite. Este es un triunfo de la defensa de los derechos de los animales”, manifestó.