Trece meses después de la firma del acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Gobernación del Atlántico, la incertidumbre sigue marcando el futuro del peaje Papiros, mientras la comunidad continúa a la espera de una solución definitiva al conflicto social generado por su cobro.
El pasado sábado, la ANI anunció que no entregará a la Gobernación la Unidad Funcional 4 del proyecto Cartagena–Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, alegando que el ente territorial no acreditó los recursos necesarios para asumir el mantenimiento y la operación de la vía.
“Era necesario acreditar la disponibilidad de los recursos asociados al Capex pendiente de amortizar y al Opex por ejecutar”, indicó la entidad en un comunicado.
Inestabilidad institucional y demoras
El caso del peaje Papiros se ha visto impactado por la inestabilidad administrativa que ha caracterizado al Gobierno del presidente Gustavo Petro. En tres años, por el Ministerio de Transporte han pasado cuatro ministros —Guillermo Reyes, William Camargo, María Constanza García y la actual titular, María Fernanda Rojas—, mientras que en la ANI se han sucedido cinco presidentes en menos de tres años, con un promedio de relevo cada siete meses.
Esta rotación constante ha frenado decisiones clave. De hecho, el acuerdo del 5 de septiembre de 2024 contemplaba transferir la operación de 12 kilómetros de la Vía al Mar a la Gobernación del Atlántico, con un plazo de 60 días para su legalización. Sin embargo, pasaron más de 370 días antes de recibir una respuesta formal de la ANI.
Respuesta del Atlántico
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, respondió con firmeza a la decisión del Gobierno nacional, exigiendo que se respeten los acuerdos firmados.
“Resulta absurdo que ahora la ANI pretenda que la Gobernación asuma la indemnización al concesionario, cuando eso nunca se contempló en las mesas de negociación”, señaló el mandatario departamental.
El acuerdo, recordemos, fue producto de 27 mesas técnicas y de diálogo entre las partes, con la participación activa de comunidades afectadas por el cobro del peaje, que durante años han denunciado el impacto económico y social de la medida.
Comunidad a la espera
Mientras tanto, la suspensión del cobro para vehículos categoría I y II se mantiene hasta noviembre de 2025, tal como rige desde 2023. Sin embargo, los problemas de movilidad y seguridad vial persisten, pues no hay inversiones en mantenimiento ni obras nuevas mientras se define la titularidad del tramo.
El peaje Papiros sigue siendo un símbolo de falta de coordinación institucional y parálisis administrativa. Con diagnósticos que se acumulan y soluciones que no llegan, la comunidad se pregunta hasta cuándo deberá esperar una respuesta definitiva del Gobierno nacional y de la ANI.
