El Grupo Keralty exigió al Gobierno Nacional una “reparación efectiva e inmediata” tras el fallo de la Corte Constitucional que declaró ilegal la intervención de la EPS Sanitas, realizada en abril de 2024.
En un comunicado, Joseba Grajales Jiménez, presidente de la compañía, denunció que la medida fue una persecución política y advirtió que no puede quedar en la impunidad:
“Exigimos que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante los tribunales. La sociedad colombiana no olvidará, y la historia los juzgará”.
Reclamos de la compañía
Grajales afirmó que la intervención causó un daño “incalculable” a la red de atención, a los profesionales de la entidad y a los millones de usuarios de Sanitas. Además, pidió al Gobierno:
- Cumplir de inmediato el fallo de la Corte Constitucional.
- Cesar las campañas de desinformación contra la EPS.
- Garantizar estabilidad financiera y el pago de deudas pendientes con el sistema de salud.
El directivo calificó la intervención como un “ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos” y sostuvo que el pronunciamiento de la Corte debe marcar un precedente para evitar nuevas “arbitrariedades” en el sector.
“Un día de duelo”
El presidente de Keralty aseguró que, lejos de ser una victoria, el fallo es un recordatorio del impacto que sufrió el sistema de salud:
“Este no es un día de celebración. Es un día de duelo por el sufrimiento infligido, de indignación por el daño causado y de compromiso inquebrantable para reconstruir lo destruido”.
Finalmente, el grupo reiteró que su causa “trasciende lo empresarial” y que el reto será restaurar un sistema de salud que dignifique a cada persona y garantice el derecho fundamental a la salud en Colombia.
