La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el antiguo secretariado de las Farc, por los secuestros cometidos entre 1993 y 2016, continúa generando debate. Human Rights Watch (HRW) advirtió que, si las sanciones no garantizan una restricción efectiva de la libertad, el caso podría terminar bajo análisis de instancias internacionales.
HRW: avance histórico, pero con dudas
La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, destacó el carácter histórico del fallo al reconocer la responsabilidad del secretariado de las Farc en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“Es un hito muy importante porque el último secretariado en su conjunto reconoce su responsabilidad y deja de justificar que estos fueran lo que en su momento llamaban retenciones con fines económicos”, afirmó en entrevista con Mañanas Blu.
Sin embargo, la organización cuestionó que las sanciones, que contemplan ocho años de “restricción de derechos”, no aseguren un verdadero esquema de privación de libertad.
El debate sobre la restricción efectiva
Según Goebertus, lo anunciado por la JEP incluye un mecanismo de vigilancia electrónica, pero sin precisión sobre si se trata de brazaletes ni de un perímetro territorial definido, como lo exige el Acuerdo de Paz de 2016.
El acuerdo establece que los máximos responsables deben cumplir entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad en espacios delimitados, además de realizar obras restaurativas. Para HRW, el riesgo es que las sanciones se perciban únicamente como restaurativas, omitiendo el componente retributivo.
Riesgos de intervención internacional
HRW advirtió que, si las apelaciones no corrigen el alcance de las sanciones, existen dos posibles escenarios:
- Corte Penal Internacional (CPI): la Fiscalía podría reabrir el examen preliminar sobre Colombia, cerrado en 2021 bajo la condición de que hubiera sanciones proporcionales y efectivas.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): podría evaluar si las sanciones impuestas por la JEP son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Graves violaciones a los derechos humanos deben ser sancionadas en proporcionalidad al daño cometido”, concluyó Goebertus.
Sentencia en firme pero apelable
La JEP impuso a siete excomandantes de las Farc ocho años de restricción de derechos por los secuestros. La decisión sigue en firme, pero podrá ser apelada en los próximos días por las víctimas y sus representantes.
