El alto tribunal estudiará si el acuerdo debía ser aprobado previamente por el Congreso, tras la demanda presentada por un ciudadano.
La Corte Constitucional de Colombia admitió este martes una demanda de inconstitucionalidad contra la creación de la Zona Económica Binacional entre Colombia y Venezuela, firmada el pasado 17 de julio en Caracas. La acción judicial fue interpuesta por el ciudadano David Jacobo Gómez Zamora, quien argumenta que el acuerdo corresponde a un tratado internacional y, por lo tanto, requería la aprobación previa del Congreso antes de entrar en vigor.
Lo que ordenó la Corte Constitucional
En el auto de admisión, la Corte ordenó la práctica de pruebas, entre ellas:
- La solicitud al Gobierno de una copia del memorando de entendimiento.
- La identificación de las personas que participaron en la negociación del acuerdo.
Estas pruebas servirán para determinar si el memorando puede considerarse un acto administrativo o un tratado internacional con obligaciones de mayor alcance.
El acuerdo entre Colombia y Venezuela
El memorando suscrito por los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro busca implementar la primera zona económica compartida entre ambos países, con una vigencia de cinco años.
El pacto contempla:
- Integración productiva en la frontera.
- Impulso al comercio bilateral.
- Desarrollo conjunto de proyectos sociales y de infraestructura en salud, educación, cultura, turismo, transporte, gas, petróleo y electricidad.
El documento precisa que la zona binacional no compromete presupuestos ni limita la soberanía de cada país.
Reacciones y posiciones políticas
El presidente Gustavo Petro defendió la iniciativa, señalando que permitirá que dos pueblos con “sangre e historia común” prosperen y vivan dignamente en sus territorios. No obstante, el acuerdo ha despertado críticas en sectores de oposición, que cuestionan la legalidad de su implementación sin la aprobación del Congreso.
La Corte Constitucional deberá definir en los próximos meses si el memorando puede mantenerse vigente o si vulnera las competencias del Legislativo.
