El ente de control alertó sobre eventuales demandas millonarias y una posible parálisis en la ejecución de las obras de infraestructura vial.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó una nueva advertencia al Gobierno nacional respecto al riesgo de desviar o reprogramar unilateralmente los recursos destinados a las concesiones viales 4G y 5G, lo que podría generar graves afectaciones fiscales, disciplinarias y hasta penales.
La preocupación se reavivó luego de que la Contraloría analizara un borrador de decreto del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que permitiría estas modificaciones. Según el organismo, tal medida impactaría directamente los patrimonios autónomos de los proyectos viales y pondría en riesgo la seguridad jurídica de los contratos de concesión.
Riesgos de demandas y obras inconclusas
Rodríguez Becerra advirtió que una reprogramación unilateral obligaría a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la Nación a pagar intereses remuneratorios y moratorios no pactados inicialmente, lo que abriría la puerta a demandas millonarias contra el Estado.
Además, subrayó que, en caso de incumplimiento en los aportes de vigencias futuras, los proyectos podrían detenerse o incluso quedar inconclusos:
“Dependiendo de la magnitud y duración del incumplimiento, se podría generar una parálisis en la ejecución de las obras y hasta un proyecto terminado anticipadamente”, precisó el Contralor.
Llamado a respetar los contratos
El ente de control reiteró que los contratos de concesión vigentes no permiten condicionar los aportes al avance de las obras, y que cualquier modificación debe hacerse mediante acuerdo protocolizado entre las partes, a través de Otrosíes o documentos modificatorios avalados por el Ministerio de Transporte, el CONPES, el CONFIS y el propio DNP.
Rodríguez recordó que la advertencia ya había sido comunicada el pasado 4 de junio de 2025 a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla; al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y al presidente de la ANI, Óscar Javier Torres Yarzagaray.
La Contraloría insistió en que la meta de reorganizar los aportes de vigencias futuras es legítima, pero debe hacerse con plena seguridad jurídica y respeto a los contratos firmados.
