El Tribunal Superior de Sincelejo ratificó la condena contra Santander Rojano Altamiranda, alias ‘Santa’, exintegrante del Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 2003.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que el Tribunal Superior de Sincelejo (Sucre) ratificó la sentencia de 32 años de prisión impuesta en primera instancia contra Santander Rojano Altamiranda, conocido con el alias de ‘Santa’, exintegrante del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El exparamilitar fue hallado culpable de los delitos de secuestro simple, concierto para delinquir agravado, tortura en persona protegida, acceso carnal violento y desplazamiento forzado, tras una investigación adelantada por una fiscal especializada de la Seccional Sucre.
Los hechos
De acuerdo con el expediente judicial, el 5 de agosto de 2003, la víctima —una joven de 18 años— fue secuestrada de su vivienda en el barrio El Palito, en San Onofre (Sucre), por el hoy condenado, quien la llevó a una finca que servía como centro de operaciones del grupo armado ilegal.
“La investigación determinó que la mujer fue retenida, lesionada, torturada y agredida sexualmente en una finca que era usada por el grupo armado ilegal como centro de operaciones”, detalló la Fiscalía.
Según el informe, las agresiones fueron cometidas en presencia de al menos 12 integrantes del bloque paramilitar, y se repitieron cada vez que la víctima se negaba a acceder a las pretensiones sexuales de alias ‘Santa’.
La joven permaneció en cautiverio hasta el 19 de agosto de 2003, cuando fue liberada tras el asesinato de uno de sus hermanos. Sin embargo, al interponer una denuncia contra los comandantes del grupo, fue nuevamente amenazada y obligada a desplazarse a Venezuela, país en el que permaneció hasta 2016.
Justicia y reparación
La Fiscalía destacó que esta sentencia representa un avance en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por estructuras paramilitares, especialmente los relacionados con violencia sexual y tortura contra mujeres durante el conflicto armado.
El fallo también refuerza los compromisos del Estado colombiano frente a la protección de víctimas y la reparación integral, en línea con los principios del Derecho Internacional Humanitario.
