El presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, confirmó que el expediente incluye pruebas de superación de topes y financiación prohibida. El caso pasará a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, anunció que el expediente sobre presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 será trasladado a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la única instancia competente para investigar a un jefe de Estado en ejercicio.
Según explicó Prada, la investigación determinó que la campaña de Petro incurrió en dos irregularidades: superación de topes electorales y financiación prohibida.
“Llegamos a la conclusión de que efectivamente se violaron topes y hubo financiación prohibida”, afirmó el magistrado.
Exceso millonario en gastos de campaña
De acuerdo con los cálculos del CNE, en la primera vuelta presidencial se superaron los límites de gasto en más de 2.440 millones de pesos, mientras que en la segunda vuelta el exceso fue de 538 millones de pesos.
Además, se documentaron aportes de personas jurídicas, como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Unión Sindical Obrera (USO), pese a que la ley prohíbe expresamente este tipo de financiación en campañas electorales.
La ponencia, elaborada por Prada junto al magistrado Benjamín Ortiz, propone una sanción económica cercana a los 1.200 millones de pesos para cada uno de los partidos que avalaron la candidatura de Petro en 2022.
El rol de Ricardo Roa y las compulsas a la Fiscalía
El expediente también hace referencia al papel de Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro en 2022 y actual presidente de Ecopetrol. En este sentido, se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe su eventual responsabilidad.
Prada aclaró que el CNE no puede investigar directamente al presidente Petro debido a un fallo de la Corte Constitucional, por lo que la responsabilidad política y penal del entonces candidato deberá ser determinada por la Comisión de Acusación.
Próxima decisión en el CNE
La discusión final sobre la ponencia está programada para el 11 de septiembre, cuando la Sala Plena del CNE —compuesta por ocho magistrados habilitados— deberá votar el documento, que consta de más de 600 páginas y 7.000 folios de pruebas.
Prada enfatizó que el caso se ha tratado con rigurosidad técnica y sin sesgos políticos:
“Es la primera vez que se llega a esta instancia en una investigación de una campaña presidencial y lo hemos hecho con mucha responsabilidad”.
