El ente de control busca establecer si funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores facilitaron trámites al exdirector del Dapre, implicado en el escándalo de la UNGRD.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) recopiló más de 600 correos electrónicos y documentos internos durante una inspección de tres días al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de la indagación sobre la residencia obtenida en Nicaragua por Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Según el ente de control, en las más de 20 horas de diligencias fueron recopiladas circulares, manuales de protocolos, documentos de servicio y comunicaciones internas que van desde junio de 2024 hasta la fecha. En estos registros figuran funcionarios de la Cancillería, excancilleres, viceministros y la actual ministra Rosa Villavicencio.
Además, un funcionario de la embajada de Colombia en Managua rindió declaración para esclarecer si existió apoyo institucional en el trámite de residencia y permisos de ingreso concedidos por el Gobierno nicaragüense a González.
En la lupa: posibles responsabilidades disciplinarias
La Procuraduría asumió la investigación que inicialmente adelantaba la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Cancillería, con el fin de determinar si hubo actuación irregular de servidores públicos en este proceso.
El procedimiento se abrió después de que la Sala de Instrucción Disciplinaria de la PGN ordenara una indagación previa para aclarar si se dieron gestiones o facilidades desde la embajada de Colombia en Managua o desde la Cancillería para que González Merchán obtuviera la cédula de residencia en Nicaragua.
Contexto: el escándalo de la UNGRD
Carlos Ramón González está vinculado al caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad adscrita al Dapre, donde se habrían desviado millonarios recursos públicos para pagar sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo.
La Fiscalía General de la Nación lo imputó por cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, al señalarlo como responsable de ordenar millonarias coimas a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, hoy privados de la libertad.
El caso generó controversia luego de que medios de comunicación revelaran que González se encontraba en Nicaragua, presuntamente bajo la protección de la embajada de Colombia en Managua. Aunque el Gobierno solicitó su extradición, esta fue negada por el país centroamericano.
