El organismo valoró avances de la iniciativa, pero alertó sobre vacíos que podrían afectar justicia, seguridad y reparación integral.
La Defensoría del Pueblo entregó al Congreso de la República su concepto sobre el proyecto de ley que busca consolidar un marco jurídico para la política de “Paz total” y el sometimiento de grupos armados al margen de la ley.
Aunque la entidad destacó de manera positiva aspectos como la inclusión de la responsabilidad de terceros y el enfoque macrocriminal, advirtió que se requieren ajustes de fondo para garantizar los derechos de las víctimas y evitar la inconstitucionalidad de la norma.
Principales advertencias de la Defensoría
Entre los puntos críticos señalados en el informe se destacan:
- Reparación integral incierta: falta de claridad en los mecanismos para resarcir a las víctimas.
- Riesgo de beneficios a reincidentes: se alerta sobre la posibilidad de otorgar ventajas jurídicas a personas que incumplieron acuerdos pasados y volvieron a la violencia.
- Excarcelación sin condiciones: el proyecto permitiría libertad condicional a quienes cumplan cinco años de prisión, sin que un juez evalúe el riesgo para la sociedad ni la contribución a la verdad.
- Protesta social equiparada al crimen organizado: la Defensoría rechaza que las manifestaciones sociales se regulen bajo la misma norma que los delitos de estructuras ilegales.
- Desfinanciamiento institucional: no se asignan recursos suficientes para fortalecer a la Fiscalía, el poder judicial ni el sistema penitenciario, lo que podría causar un colapso en la justicia.
- Falta de participación de víctimas y pueblos étnicos: se pide garantizar espacios de consulta previa y una participación efectiva en el debate legislativo.
“Equilibrar beneficios y derechos”
La Defensoría del Pueblo enfatizó que la legitimidad del proyecto dependerá de alcanzar un balance entre los beneficios ofrecidos a los responsables de delitos y la protección de los derechos de las víctimas, garantizando verdad, justicia, reparación y no repetición.
