Los informes técnicos apuntan a negligencias múltiples en una edificación de medio siglo, mientras los dueños enfrentan cargos por homicidio involuntario.
La madrugada del 8 de abril de 2025 se convirtió en una de las fechas más lúgubres para la música latina y para República Dominicana. Lo que prometía ser una noche de fiesta con el merenguero Rubby Pérez terminó en una catástrofe: el techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, se desplomó sin previo aviso. Este desastre dejó un saldo de 236 personas fallecidas —incluido el artista y varios miembros de su equipo de trabajo— y más de 180 heridas, una cifra que estremeció a toda la región.
A un año de aquel suceso, la investigación judicial aún no concluye. Las familias de las víctimas siguen exigiendo respuestas claras y sanciones ejemplares. La discoteca Jet Set, conocida por sus tradicionales “lunes de merengue”, operaba en un edificio de más de 50 años. Testigos y reportes técnicos señalaron que el colapso, lejos de ser un accidente repentino, sería el resultado de fallas estructurales ignoradas durante años.
El gobierno dominicano, bajo el mando de Luis Abinader, decretó duelo nacional y prometió una pesquisa a fondo. Sin embargo, cumplidos doce meses, el proceso judicial enfrenta demoras y críticas. La presión social se mantiene vigente en las calles de Santo Domingo, donde los manifestantes reclaman justicia y transparencia. A continuación, se presenta un análisis detallado del estado actual de esta investigación.
Los informes técnicos entregados por el ministerio público dominicano revelaron una cadena de omisiones. El edificio de la discoteca Jet Set sufrió modificaciones estructurales sin supervisión profesional durante décadas. Los peritos determinaron que existía una sobrecarga en el techo, acumulación de agua y grietas visibles. Extrabajadores del lugar declararon que las filtraciones y el desprendimiento de material del techo eran frecuentes, pero los dueños no tomaron medidas correctivas.
El propio dueño del establecimiento, Antonio Espaillat, reconoció después de la tragedia que los plafones “siempre se caían”. Incluso el mismo día del concierto, los empleados realizaron reemplazos improvisados sin una evaluación estructural completa. Un empleado alertó a los propietarios sobre el riesgo de desplome y la necesidad de suspender la actividad. Esta advertencia no fue atendida, y horas después ocurrió la catástrofe.
Las autoridades judiciales señalaron posibles responsabilidades penales contra Antonio y Maribel Espaillat. Ambos fueron arrestados meses después de la tragedia y enfrentan cargos por homicidio involuntario. Actualmente se encuentran en libertad bajo fianza de aproximadamente 840,000 dólares mientras esperan el juicio. La fiscalía también investiga el papel de ingenieros, contratistas y autoridades municipales que permitieron las modificaciones estructurales sin la supervisión debida.
Exigencias de justicia y reformas pendientes un año después
Las familias de las víctimas han presentado más de 317 demandas civiles contra los propietarios de la discoteca Jet Set. Estos procesos buscan compensaciones económicas, pero también el establecimiento de responsabilidades claras. Los abogados de los afectados solicitaron reclasificar el delito a uno más grave, argumentando que existió negligencia consciente. La lentitud del caso ha generado protestas en Santo Domingo, donde los manifestantes exigen reparación del daño y mayor transparencia judicial.
El gobierno dominicano propuso reformas a las leyes de construcción y seguridad después del desastre. Entre las medidas discutidas se encuentran las inspecciones obligatorias periódicas para edificios comerciales, la certificación estructural para locales de alta concurrencia y sanciones más severas por negligencia. Aunque algunas iniciativas avanzan, muchas siguen en discusión. El presidente Abinader condecoró a 565 rescatistas por su labor durante la emergencia, un reconocimiento que no calma el dolor de los deudos.
La tragedia dejó más de 130 niños huérfanos y profundas cicatrices sociales. El sitio donde funcionaba la discoteca Jet Set se convirtió en un símbolo de duelo y de exigencia ciudadana. Las familias denunciaron que la ayuda estatal ha sido limitada y desigual. Los gastos funerarios y los tratamientos médicos de largo plazo no han sido cubiertos por completo. La justicia sigue pendiente para las víctimas, mientras el país espera que una catástrofe como esta no vuelva a repetirse.
A un año del desplome de la discoteca Jet Set, la República Dominicana aún no encuentra respuestas definitivas. La investigación ha confirmado que el desastre fue evitable y que existieron múltiples advertencias ignoradas. Los dueños del local enfrentan cargos judiciales, pero el proceso avanza con lentitud. Las familias de las 236 víctimas mortales, entre ellas el cantante Rubby Pérez, siguen exigiendo justicia.
Las reformas legales propuestas por el gobierno son un primer paso, pero la presión social no cede. Los sobrevivientes y los deudos necesitan sanciones ejemplares y reparaciones efectivas. Mientras el caso permanece abierto, la memoria de las víctimas y el reclamo de justicia se mantienen vivos en cada homenaje y en cada protesta.
