La entidad advierte que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales ponen en riesgo a comunidades campesinas, indígenas y urbanas.
La Defensoría del Pueblo emitió este lunes la Alerta Temprana 011 de 2025 para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca, debido a la grave confrontación armada que se registra en la región entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el ELN, el Estado Mayor Central – Frente Jaime Martínez y la estructura criminal Rastrojos Nueva Generación.
El informe señala que las disputas por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos han generado un patrón de violencia marcado por homicidios selectivos, instalación de artefactos explosivos improvisados y enfrentamientos armados, lo que aumenta el riesgo de desplazamientos masivos, confinamientos prolongados y afectaciones directas a comunidades campesinas, indígenas y urbanas.
La Defensoría advirtió también un alto impacto en entornos educativos, con posibles cierres de escuelas y riesgo de reclutamiento forzado de menores de edad. De igual forma, alertó sobre amenazas específicas contra mujeres campesinas, líderes sociales y jóvenes, quienes podrían ser víctimas de violencia sexual, extorsión y cooptación por parte de los grupos armados.
Municipios en riesgo
- Riofrío: riesgo en la cabecera municipal y dos corregimientos.
- Bolívar: riesgo en nueve corregimientos y un resguardo indígena.
- Trujillo: riesgo en 10 corregimientos, dos resguardos y dos asentamientos indígenas.
Recomendaciones al Estado
La entidad solicitó una coordinación interinstitucional inmediata encabezada por el Ministerio del Interior a través de la Ciprat, con el fin de articular un plan de acción integral y verificable. Asimismo, pidió al Ministerio de Defensa reforzar el control territorial con patrullajes permanentes y presencia efectiva de la fuerza pública.
En el plano humanitario, recomendó a la Unidad para las Víctimas ampliar la capacidad de respuesta frente a desplazamientos y confinamientos, y a la Fiscalía General de la Nación priorizar las investigaciones contra los responsables de homicidios, desapariciones y uso de explosivos.
La Defensoría concluyó que la situación de orden público en el Valle del Cauca sigue siendo crítica y requiere acciones urgentes para proteger los derechos de las comunidades más afectadas.
