El exmandatario advierte que más de 400.000 hectáreas en Antioquia, Tolima, Cundinamarca y La Guajira se están viendo afectadas por decretos y resoluciones del Gobierno.
El expresidente César Gaviria lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro al acusarlo de aplicar supuestas “expropiaciones indirectas” en distintos territorios del país. Según el líder del Partido Liberal, más de 400.000 hectáreas en 40 municipios de Antioquia, Tolima, Cundinamarca y La Guajira han resultado afectadas por medidas regulatorias expedidas desde el Ejecutivo.
En un comunicado, Gaviria señaló que, aunque el Gobierno no ha adelantado expropiaciones directas en los términos de la Constitución, ha encontrado mecanismos “para incumplir su promesa de no expropiación”. En su concepto, el Ejecutivo estaría acudiendo a “resoluciones y decretos exprés” que regulan el uso del suelo sin participación de las entidades territoriales, “desbordando cualquier atribución constitucional y legal”.
“La expropiación indirecta, también conocida como ‘medida equivalente a expropiación’ o ‘expropiación regulatoria’, es una intervención del Estado que, sin llevar a cabo una confiscación formal, priva al propietario de su derecho a usar, disfrutar y beneficiarse económicamente de su predio”, explicó Gaviria, advirtiendo que estas decisiones generan incertidumbre, paralizan la inversión y deterioran el valor de los terrenos al restringir sus usos.
El exmandatario también cuestionó la implementación de las Zonas de Producción Prioritaria de Alimentos (ZPPAS) y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPAS), incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Si bien reconoció la importancia de garantizar la seguridad alimentaria, criticó la aplicación “exprés, inconsulta y sin estudios económicos” de estas figuras, pues —según dijo— están causando conflictos con sectores productivos ya establecidos y desvalorizando las propiedades.
Gaviria comparó estas medidas con casos registrados en países como Venezuela y Congo, donde, a su juicio, se generaron graves afectaciones a la seguridad jurídica y a la inversión extranjera.
“Las acciones del Gobierno Petro hacen que la propiedad sea económicamente no rentable, o incluso que el propietario pierda el control y el valor sustancial de la misma, volviendo inviables proyectos y actividades”, concluyó.
