La Procuraduría General de la Nación anunció que este viernes adelantará una inspección en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de establecer si desde esa cartera se prestó colaboración para la renovación de la residencia en Nicaragua de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y hoy prófugo de la justicia.
La decisión fue tomada por la procuradora delegada de la Sala Disciplinaria de Instrucción, tras considerar que la diligencia puede aportar elementos probatorios que aclaren los señalamientos en contra de la Cancillería.
El Ministerio de Exteriores ha negado de manera reiterada que hubiera autorizado gestiones para solicitar al gobierno nicaragüense la extensión del estatus migratorio de González, implicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Sin embargo, versiones señalan que el 21 de mayo de 2025 la Embajada de Colombia en Nicaragua habría enviado una nota verbal, suscrita por el encargado de Negocios, con el fin de solicitar la renovación de la residencia del exfuncionario.
Ante estas acusaciones, la Cancillería sostuvo en un comunicado que “la solicitud no fue consultada ni autorizada”. Además, recordó que para esa fecha el entonces embajador ya había renunciado —el 31 de enero de 2025— y su salida fue aceptada el 3 de febrero del mismo año. Asimismo, precisaron que la actual viceministra y canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, solo asumió funciones el 6 de junio, luego de ser designada el 28 de mayo.
Por este motivo, el caso fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario Interno, mientras que el Ministerio Público abrió una indagación previa contra funcionarios aún no identificados de la Cancillería por su presunta participación en dichas gestiones.
Según el comunicado emitido el 15 de agosto, la investigación busca establecer no solo el trámite relacionado con la cédula de residencia y permiso de ingreso de González, sino también el uso del vehículo y de la casa oficial de la Embajada de Colombia en Managua.
